lunes, 20 de agosto de 2018

Mapeando el Terror. Mapa de los Centros Clandestinos de Detención del terrorismo de Estado en la Argentina entre 1974 y 1983

¿Cómo se hace un mapa que no existe?

Ésta es la pregunta que surge cuando pensamos en los Centros Clandestino de Detención (CCD) de la última dictadura militar. Siempre, primero, hay que buscar datos. ¿Existen datos (normalizados, completos, exhaustivos) oficiales de los CCD en el último período de facto? 

El Ministerio de Justicia publicó un listado de 762 CCD, listado que se basa en Ley N° 26.691 (Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado). Este listado consta de los CCD reconocidos e identificados, asociados a denuncias y/o instancias judiciales en proceso o con sentencia.



Con este listado se pueden identificar los nombres de cada CCD, su localidad y provincia, y su dirección o localización (exacta o estimada, en algunos casos). Por lo tanto, se pueden realizar las estadísticas básicas para dimensionar dónde estaban los CCD, en qué localidades, cómo fueron su distribución en cada provincia y cuáles fueron sus dependencias.



Rápidamente, en estos tres primeros mapas, se puede observar la distribución de los CCD a nivel país. Se puede observar el papel de las policías provinciales, oficiando cada Comisaría (como se verá en el mapa satelital de ubicación exacta) de cada pueblo o ciudad como un CCD.
También, se puede apreciar cómo cada dependencia actuó en su territorio de referencia; Gendarmería en las zonas fronterizas y Prefectura en las zonas de puerto (como la Armada).



En Capital Federal cada Comisaría de la Policía Federal fue un CCD. Y, mención especial para la provincia de Tucumán por dos razones: es la tercer provincia en cantidad de CCD (teniendo menos población que La Matanza, por ejemplo) y es la provincia donde la mitad de sus CCD fueron Escuelas...



Como dijimos, si hubo algo federal en este país, fue el terror. La mitad de los CCD fueron Comisarías de las respectivas policías provinciales. Luego (13%) dependencias del Ejército, Policía Federal (en Capital e interior), las unidades del Servicio Penitenciario y los Establecimientos Educativos (incluso hubo una casa que pertenecía al Arzobispado de la provincia de Buenos Aires).



Si tomamos las 7 provincias con más CCD, contenemos casi al 80% de los mismos. En cada uno se puede ver la distribución de las dependencias de cada CCD. Con sus diferencias, las policías provinciales es la institución mayoritaria, con la excepción de Capital Federal (Policía Federal), Tucumán (Escuelas) y Mendoza (Establecimientos estatales: Municipalidades, Juzgados, etc).




Etnocartografía

Volvemos a la pregunta originaria. ¿Cómo hacemos un mapa que no existe?
Si bien hay antecedentes de un mapa con los CCD, no existe el mapa con la ubicación exacta de cada CCD, geolocalizados.
El listado que configuró el Ministerio de Justicia, y con el que armamos éste, sólo tiene menos de la mitad de las direcciones de cada CCD identificado. Por lo tanto, la construcción del mapa que se ve a continuación, es un largo proceso de exploración, lectura, búsqueda de datos y demás actividades similares.

Cada geolocalización de un CCD que no había sido anteriormente realizada, supuso una larga búsqueda que lleva necesariamente datos, testimonios, fotos, videos, etc; que nos acercan a la localización exacta o cercana. Por ejemplo, buscar dónde estuvo localizado un CCD en Tandil, nos lleva a descubrir un video donde los vecinos y organizaciones de DD.HH. lo señalizan por primera vez en 2010 o la exploración sobre la ubicación exacta de un puesto de Prefectura en la frontera de Misiones, nos hace triangular una foto encontrada en la web con la imagen satelital del muelle de dicho puesto, reconocido por su forma. Así se hace un mapa que no existe.

Hoy existe ese mapa. ¿Cómo se puede seguir haciendo
Lo ideal sería adosarle a cada CCD toda la información que exista de cada uno: fecha de funcionamiento, represores involucrados, cantidad de detenidos, desaparecidos, causas judiciales asociadas, condenas, etc. La idea es que este mapa sea dinámico, no deje de absorber información y sea, cada vez, más grande.

Memoria Verdad Justicia

miércoles, 25 de julio de 2018

Estimación de la población en Villas y Asentamientos utilizando datos públicos. El caso CABA

A partir de los Decretos 2670/2015 y 358/2017, que fundamentan el proyecto de Ley de urbanización de villas (con media sanción en Diputados, y formalmente "Régimen de integración socio urbana y regularización dominial"), el Estado argentino, por primera vez, toma como asunto público a las villas y los asentamientos (VyA).

Tomar como 'asunto público' a las villas y asentamientos, supuso que el Estado las reconozca como territorios existentesde 'emergencia', como territorios irregulares en su régimen dominial y como parte constitutiva del tejido urbano. Lo que el Estado todavía no puede dimensionar (en términos oficiales), son las personas que viven dentro de cada villa y asentamiento del país.

Lo que sí es oficial (y es lo novedoso), es la cantidad de villas y asentamientos. A partir del Decreto Nº 187/2017, el Estado nacional crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Este registro enumera los 4.228 "Barrios Populares" reconocidos como tales por el Estado. 

Este registro nos demuestra dos cosas: 1. Que estas VyA son las únicas reconocidas como tales por el Estado, adoptando en su definición la misma (oh, casualidad) a la de Techo. 2. Que la tradicional denominación de este tipo de agrupamiento territoriales y humanos (villas y asentamientos), es cambiando por el políticamente correctísimo "Barrio Popular" (homogeneizando estadios de evolución de este tipo de comunidades, perdiendo poder descriptivo y clasificatorio de la realidad de cada villa o asentamiento).



El RENABAP es el primer paso que realiza el Estado para reconocerlos como territorios urbanos, ese reconocimiento (históricamente negado por el mismo Estado), concluye que allí residen ciudadanos. Asumir las VyA como territorios civiles, supone la inclusión del mismo en el medio urbano. Por lo tanto, ya es un espacio de derecho. Al ser un espacio de derecho (a sabiendas de ser un espacio de privación y precariedad radical), necesita ser incluido en las estadísticas oficiales (hoy ausentes).

Estimación de la población en Villas y Asentamientos utilizando datos públicos

Hace unos años, en este sitio, habíamos estimado la población en las villas y asentamientos para AMBA ampliado. En ese momento, contábamos con la información de los polígonos (geometrías) de Techo en su relevamiento del año 2010 y con la información censal del CNPHyV 2010. 




Para lo que proponemos ahora (estimar la población de 'todas' las VyA del país), contamos con la novedad del RENABAP, como dijimos, el registro oficial de todos los 'barrios populares' (ex VyA) del país (bajo la nomenclatura Techo). También, contamos con la proyección poblacional por radio censal a 2018. Con éstos dos insumos (públicos) podemos comenzar el proceso de estimación de la población residente en VyA.

El Ejecutivo nacional, a través de notas, ha dejado trascender extraoficialmente una cifra (3.500.000) de la población que reside en las VyA del RENABAP. Es decir, el Estado financia un relevamiento 'exuastivo' de todas las VyA del país pero no releva (censa) a su población.




Hoy, podemos estimar ‘cuántos y dónde’. Y cada VyA necesita un piso informativo sobre de su ecosistema urbano. Porque si bien con la relación de estos territorios con los radios censales, estaríamos en condiciones de, no sólo sumarizar la población, sino adosarle también información de todas las dimensiones y atributos de hogares, viviendas y personas, esas proporciones no pueden actualizarse como la población (además de ser información no actual).

Vale decir, hoy estamos en condiciones de estimar, con cierta robustez y fiabilidad, la población total actualizada (a 2018) de cada 'Barrio popular'.  




El geoproceso de enlace espacial, permite realizar algo muy común cuando se 



trabaja con cartografía digital, que es la vinculación de dos 'capas' (mapas) en un mismo plano (espacio). Es decir, permite complejizar un territorio, un espacio; dotarlo de elementos. Para el objetivo de la estimación de población, esa vinculación también se realiza a nivel matricial.  


El caso CABA

Como expusimos, en LSI hace un tiempo hicimos el mismo proceso para estimar la población 'villera' a 2010. En ese momento, contábamos con los polígonos de CABA y 30 partidos de Buenos Aires (AMBA + 6 partidos). Hoy contamos con todos los BP 'oficiales' del país. 

¿Por qué empezar con CABA? De todas las razones que se pueden esgrimir, la principal es que en CABA están las Villas más grandes y tradicionales (junto con varias del Conurbano) y que es casi imposible que aparezcan nuevas (fenómeno muy común en el área metropolitana urbana y semi urbana). Eso generan un fenómeno demográfico particular, que si bien las VyA no crecen, sí lo hace su población. También, cada radio censal de CABA está debidamente barrido en el censo del 2010, cosa que hace que la estimación de su población sea más fiable.





Como explicamos, vincular las geometrías de las Villas y los radios censales, nos posibilita sumarizar la población (y los hogares) que contienen esos polígonos, Este proceso es automatizado pero su control final, debe ser revisado manualmente (por los errores de superposición espacial que se pueden dar).

Como el geoproceso combina geometrías enteras, es necesario revisar el acople final para corregir radios que no se solapan con las geometrías de los barrios. Ésto último es muy común en este tipo de geopreoceso y existen algunas variantes para solucionar este sobrestimación poblacional.


Las 53 VyA (o ´Barrios Populares’) registrados en CABA a partir del RENABAP,
se relacionan  espacialmente con 142 Radios Censales. Estos 142 radios contienen a
236.205 personas (proyección poblacional a 2018). Esto supone que 8% de
las personas residentes en CABA viven en VyA


Obviamente, este número puede estar subestimado. Por ser datos censales (tal vez no en
CABA pero sí en otras jurisdicciones) que pueden haber sido clasificados sus radios
como semiurbanos, es decir, radios que tal vez no se hayan relevado en su totalidad, lo que
genera una omisión en la  información poblacional censal. 
También, porque el ritmo del  crecimiento demográfico de las VyA es muy superior al del 
resto de la población; radios 'despoblados' o poco poblados hace unos años, hoy podrían
tener una densidad poblacional mayor. 
Sin embargo, ésta la mejor estimación (en términos de fiabilidad) que se puede realizar.

jueves, 10 de mayo de 2018

Proyección Poblacional 2010 - 2020 por Radio Censal

Proyección Poblacional 2010 - 2020 por Radio Censal





A partir de las proyecciones poblacionales realizadas por el INDEC, y que están disponibles a nivel departamental, realizamos las proyecciones para la máxima desagradeción geográfica del registro censal: el radio censal.

Las proyecciones se realizaron para cada año, comenzando en 2010 y finalizando en 2020. Es decir, para el período intercensal. Si bien las proyecciones disponibles están hasta 2025, en 2020 se va a efectuar el nuevo censo, por lo que (esperando que se publiquen los resultados en tiempo y forma) carece de sentido utilizar las proyecciones una vez pasado tal año de referencia censal.

La proyección para cada año (poblacional, no de hogar ni de vivienda) está disponible para cada uno de los 52.289 radios censales (urbanos, mixtos y rurales). El procedimiento de proyección es lineal, utilizando el patrón de distribución del último período conocido, el del censo 2010. Por lo tanto, las proyecciones son lineales y absolutas.

Es oportuno aclarar que estas proyecciones son de máxima utilidad cuando las necesidades están relacionadas con estimar absolutos actualizados. Como se parte de una proporción inicial (Censo 2010), las proporciones no cambian (como dijimos, la proyección es lineal) pero sí se actualizan los absolutos, por lo tanto son ideales para trabajar en la evolución y crecimiento absoluto de población en general o de grupos determinados (grupos etarios, en situación de distintos fenómenos o factores, etc). La fortaleza de este procedimiento es actualizar los números absolutos a casi 10 años del último Censo.





Es preciso aclarar que para el año 2010, en el archivo de descarga, hay dos estimaciones. La estimación A es para el número de personas por radio que fue publicado como "dato provisorio" y con el que se han realizado gran parte de los trabajos en este blog (y en general). La estimación "2010 B" es la proyección para los datos definitivos y revisados del último Censo (y publicados tardíamente).

Finalmente, el link de abajo es para descargar el archivo xls con los datos poblacionales por radio censal para el período 2010 - 2020. A usar y difundir.

DESCARGAR

miércoles, 28 de febrero de 2018

Hoy es IVE. El aborto como hecho social y política pública

Hoy es IVE

El 6 de marzo se presentará en Diputados, por séptima vez desde 2005, el Proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que contempla la despenalización del aborto realizado de manera voluntaria. Más allá de cierta sorpresa y justificadas suspicacias por esta intención del Ejecutivo de tratar este tema, es la primera vez en la historia de nuestro país que existe (existiría) una intención de darle estado parlamentario al hecho sanitario que se cobra más vida de mujeres cada año.

Genealogía telúrica del aborto

Hace años que el aborto es un tema (irreversible) de agenda pública pero no de salud pública. El aborto como hecho sanitario ha sido impuesto a fuerza de militancia pero fundamentalmente por estudios y trabajos realizados por el Movimiento de Mujeres. El Estado estuvo ausente en todo este proceso, salvo en el período del primer kirchnerismo (con Ginés González García como ministro), donde este tema tuvo un lapso y un espacio (parcial, luchado) en las políticas de salud pública.

Pocos hechos sociales como el aborto evidencian la esquizofrenia cultural argentina. Evidencia esa tensión entre los valores liberales, materializados en estructuras legislativas que parecen estar en las antípodas de las costumbres de buena parte de la población y los valores conservadores, religiosos, tan arraigados en ciertos sectores y zonas del país.

La paradoja central es que Argentina tiene legalizado el aborto desde principio de la década del 20’ del siglo pasado. Se contempla la interrupción del embarazo cuando existe riesgo de vida de la madre o cuando “sea producto del atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente” (increíblemente el texto de esta ley no está aggionado). Como parámetro de modernidad, pensemos que Chile recién en 2017 promulgó la misma ley, casi 100 años después.

No existe noción de ley sin el concepto de totalidad. Sin embargo, esta ley no se aplica plenamente. Nunca fue sencillo practicar un aborto bajo las circunstancias que dicta la ley. ¿Qué impidió durante décadas la realización de abortos terapéuticos (vale insistir, contemplados por la ley)? La objeción de conciencia. La Objeción de conciencia es entendida como el incumplimiento de una obligación de naturaleza legal, cuya realización produciría en el individuo una grave angustia moral. Es decir, durante mucho tiempo un valor religioso tuvo (tiene) mayor peso que una ley y que un hecho sanitario.

En 2012 la Corte Suprema (fallo F.A.L.), ante la judicialización de casos de abortos no punibles, es decir, ante la imposibilidad de realización de estos procedimientos terapéuticos por la negativa de las autoridades sanitarias y médicas, dictaminó que si bien la objeción de conciencia es reconocida, los establecimientos sanitarios tienen la obligación de disponer de todos los elementos y garantizar la interrupción del embarazo. Fallo conciliador, que da lugar a lo irracional del valor religioso pero que obliga a derribar los obstáculos en el proceso de interrupción del embarazo.

Para completar esta genealogía, queda comentar dos casos que terminan de describir el panorama y las tensiones y contradicciones en relación a este hecho social. Si bien Argentina cuenta, como expusimos, desde 1921 con leyes que contemplan la interrupción del embrazado por razones ya explicadas, recién en 2002 el Ejecutivo nacional crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley Nacional Nº 25.673). Programa hoy, desfinanciado. Luego, en 2007, el saliente ministro de Salud, Ginés González García (saliente por decisión de la recién asumida presidenta Cristina Fernández de Kirchner), implementa la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles. Este protocolo (relanzado en 2010 como Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo y actualizado en 2015, recogiendo las recomendaciones de la sentencia F.A.L.) es una guía técnica destinada a los profesionales de la salud para llevar a cabo abortos terapéuticos.

¿Cómo es la situación de la aplicación de este protocolo a años de su implementación? Solo siete provincias adhieren al protocolo. Otras ocho adhieren de manera restrictiva (desautorizando el fallo de la Corte). Y las ocho restantes, no adhieren. Otro síntoma que muestra que la tradición de modernidad liberal en lo jurídico no guarda analogía alguna con las políticas públicas.

La guerra por el número

Si hay algo de lo cual podemos estar seguros, es que el aborto, en nuestro país, es un hecho social. Y, además, es un hecho sanitario, de salud pública. Un hecho social es un suceso individual que está socialmente mediatizado. En este caso, el aborto es un hecho individual mediatizado de manera impositiva por distintos factores sociales, desde la omisión estatal como política pública (sanitaria y educativa) y la prohibición legal, hasta la privación material de recursos y un sistema de contención.

El aborto viene estudiándose hace muchos años en todo el mundo y en nuestro país posee una gran tradición como objeto de estudio. Como en toda área de la ciencia, el saber es acumulativo. Es un hecho social que se conoce cada vez más, se conocen sus regularidades, patrones, características y, principalmente, los factores a los que está asociado.

Si hacemos un repaso de los atributos conocidos de este hecho social, debemos reseñar que en los países donde el aborto voluntario ha sido legalizado, han bajado significativamente su número. Se podrían dar varios ejemplos de ésto, pero el caso de Rumania sirve por partida doble. En Rumania se legalizó el aborto voluntario en 1957 y luego fue ilegalizado en 1966. La prohibición causó un descontrol en el número de nacimientos, mortalidad infantil, materna y abortos. En 1989 se volvió a legalizar. Si se analizan por año, en 1990 en Rumania había casi un millón de abortos, siendo menos de 150 mil a 15 años después de su legalización.

Otro dato a tener en cuenta es que la religión no es un obstáculo para la legalización del aborto, como se puede ver en casos como Italia o España, países de gran tradición católica donde el aborto voluntario está legalizado.

También debemos señalar que el aborto es la principal causa de muerte en países periféricos. Lo es en Argentina. Hay un círculo asociativo perverso que tiene que ver con la pobreza, la mortalidad de mujeres gestantes y los abortos mortales y/o riesgosos. En Argentina la principal causa de muerte materna, son los abortos. En 2001, una de cada tres muertes maternas era por abortos realizados de manera insegura. Ese valor bajó (junto con la pobreza), 15 años después, a menos de uno de cada 5 muertes (17.6%, en 2016).

Lo que se mantuvo estable, es el aborto como principal causa de muertes maternas (siendo tremendamente elevados en algunas zonas del país, como algunas provincias de NOA y NEA, con valores quince veces superior a CABA). Nuevamente el factor presente es la pobreza. ¿Sólo las mujeres pobres abortan? Claramente, no. Pero sí son las que más se ponen en riesgo, las que se lastiman y las que se mueren. He ahí una regularidad sanitaria irrefutable.



La mortalidad materna ha detenido su caída y está estancada hace años (otro hecho social asociado a la pobreza). No parece un escenario lógico tener la intención política de bajar la mortalidad materna (hoy -2015, último dato publicado por la DEIS- la TMM es de 3,4 cada 10000 nacimientos, muy lejos del 1,3,  meta que asumió el Estado Argentino en la OMS para el 2020) y mantener el aborto en la ilegalidad (es decir, sin definirlo oficialmente como un asunto de salud pública).

Otro dato importante (en un país con muy poca tradición de registro y estadísticas oficiales, con un valor superlativo para este caso) son los egresos hospitalarios del sector público por abortos practicados. En estos datos también se observan movimientos relacionados a los indicadores de mortalidad. Según datos de la DEIS, en la década del 90 había, números redondos, 55 mil egresos hospitalarios de mujeres por complicaciones por abortos autoinducidos. Esa cifra asciende a casi 80 mil en el año 2000 (plena crisis social) para bajar a 70 mil en 2005 y volver a los valores del 90 (53 mil) en 2010. Nuevamente vemos la relación entre mortalidad materna, pobreza y  abortos.

Estos datos son parciales, dado que sólo son egresos de complicaciones por aborto del sector público (no están los datos del sector de la salud privada). Justamente en esa relación (abortos realizados constatados / abortos totales realizados –en un lapso y lugar determinado), está el núcleo de la metodología de los métodos para la estimación de abortos totales. La complejidad del fenómeno a investigar determina un refinamiento de métodos de captación y metodologías de estimación de cantidades.

Como expusimos al inicio, el estudio del aborto tiene décadas de desarrollo a nivel mundial, y el número real (estimado) de abortos en Argentina, es el centro de la puja argumentativa (más allá de los galimatías religiosas). Según estudios oficiales, en Argentina se realizan entre 486 mil y 520 mil abortos por año (estimación del año 2005). ¿Cómo se llegó a ese número?

Al ser un fenómeno no directamente (o parcialmente) observable, la magnitud del aborto se estima. La estimación, es decir la predicción de un valor que no se puede contrastar empíricamente, es un procedimiento usual en otras disciplinas (en economía el consumo se estima, el nivel de precios se estima, las proporciones de distintas variables se estiman, etc.). La metodología para la estimación de abortos inducidos, se configura con la combinación de fuentes de datos oficiales y, esencialmente, con las características del contexto donde se investiga.

Los primeros datos sobre aborto en Argentina son de 1969 y sólo para la provincia de Buenos Aires (investigación de la CELADE). Mediante una encuesta, lo que se buscaba era conocer las características del fenómeno y de las personas que lo practicaron. Si bien no se estimó una cantidad, sí fue un gran paso para otorgarle su característica contextual, hasta entonces, no desconocida. Por ejemplo, se pudo constatar la relación entre los abortos y los niveles de instrucción y las características socioeconómicas. Luego, en la década del 90’, existieron otras investigaciones parciales.

El primer dato de cantidad de abortos estimados para toda la Argentina es la de Aller Atucha y Pailles (1997), que calculan la cantidad de abortos para el año 1991. La explicación de ese número, dicen los autores “relaciona la cantidad de nacidos vivos y la población femenina en edad fértil de ese mismo período para calcular la razón de aborto (555 por cada 1.000 nacidos vivos) y la tasa de aborto (50 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil)”. El número final es de 385.931 abortos para ese período.
En el año 2005, investigación encargada por el Ministerio de Salud de la Nación (ergo, datos oficiales), las demógrafas Mario y Pantelides, llegan al número que actualmente se maneja de abortos en Argentina. El método utilizado para la estimación, fue el método residual.

El método residual (Johnston y Hill - 1996), basa sus cálculos en relación a factores sociales, culturales y biológicos que impactan en la fecundidad de una sociedad. El método analiza la fecundidad real y la teórica, datos sobre el uso de métodos anticonceptivos, cantidad de abortos registrados y el índice de fecundidad posparto. A partir de estos datos (DEIS, y ENNyS, en Argentina), este método logra el número de abortos voluntarios final, de la relación entre los nacimientos teóricos esperados y los nacimientos reales en un determinado contexto.

El supuesto es que esos datos registrados son un subgrupo de la totalidad de abortos reales. Ese número real se estima calculando un ponderador. Es decir, cuántos abortos “ocultos” hay por cada registrado (egreso hospitalario). El número de abortos anuales estimados por este método para 2005, se ubica entre 486 mil y 520 mil abortos por año, y la razón indicaría que se realizan 0,68 abortos por cada nacido vivoCabe destacar que el multiplicador es más del doble para mujeres pobres que para las no pobres. El número final es una combinación entre ambas poblaciones.

No existen otras investigaciones que puedan arrojar un número para contrastar éste. Tampoco propuestas alternativas o metodológicamente serias, solo especulaciones.

La guerra por el número de abortos en Argentina busca desacreditar la veracidad del mismo, desconociendo la metodología que lo sustenta. Es uno de los pocos argumentos que tienen los grupos conservadores para evitar posicionarlo como problema de salud pública. La lucha es por la definición, es decir, por el sentido. Pasar del “homicidio” al hecho sanitario.

Aprovechando que estamos ante la oportunidad de debatir el aborto en el ámbito legislativo, sería interesante virar el peso argumentativo hacia los datos y la noción de hecho sanitario. Si bien el reclamo por el derecho de las mujeres a tener autodeterminación sobre su cuerpo es un derecho fundamental y legítimo, el peso como asunto de salud pública podría traccionar de manera más eficiente una resolución favorable en el Congreso.

Los datos están, son sólidos y categóricos. Si se logra imponer al aborto como hecho sanitario, en su significado y realidad, el Estado debe, necesariamente, asumirlo como tal y disponer de una política pública al respecto de manera inmediata. El Estado no puede desconocer un hecho sanitario que atenta contra la salud de gran parte de la población.

Hoy el estado parlamentario supone pragmatismo. En ese ámbito, ¿es útil discutir con un católico sobre la entidad humana del cigoto o es una estrategia más conducente mostrar los datos que existen sobre el aborto, sus causas y consecuencias? ¿Vale más hoy gritar “saquen sus rosarios de nuestros ovarios” o explicar que el aborto existe, es un hecho social, se cobra vidas y se debe normativizar y legalizar su interrupción voluntaria?

Incluso, en esa guerra ideológica de significado y de sentido, hay que dejar de hablar de aborto para pasar a hablar de la IVE, porque la voluntad de interrumpir un embarazo no deseado es un derecho individual pero también, y fundamentalmente, es un hecho sanitario que debe ser seguro, legal, gratuito y garantizado por parte del Estado argentino. 

martes, 19 de diciembre de 2017

The Ghost Worker. Trabajo Informal en Argentina (2003 - 2017). Vol II. Autónomos (y Economía Popular)

Como se expuso en la primera entrega, el trabajo informal, no registrado o en negro, en empleados o trabajadores en relación de dependencia, no es un estado de cosas totalmente análogo con el de trabajadores autónomos. Si bien comparten la condición de estar por fuera de la seguridad social o sanitaria, el empleado sufre un delito por parte de su empleador, situación que no tiene paralelo cuando hablamos de autónomos o trabajadores por cuenta propia.
De hecho, en la literatura económica, a los trabajadores autónomos que están por fuera de cualquier registro, se los presenta como fuera de la legalidad. Es decir, cometiendo un delito (siempre de carácter impositivo o de propiedad).  
El trabajador por cuenta propia o autónomo es un actor económico que no vende su fuerza de trabajo ni la emplea. Es un trabajador que obtiene ingresos por un capital, producto o servicio que intercambia de manera no fija, como es en el caso de una remuneración regular. Las relaciones económicas son contingentes y no permanentes.
Este tipo de relación económica configura una especie particular de trabajador o actor económico. En Argentina, en los grandes aglomerados urbanos, uno de cada cinco trabajadores, son autónomos (algo así como 2.5 millones de personas). 


El Trabajo Informal (en Autónomos) en Argentina en 2003 - 2017

De las particularidades que se pueden detallar de este colectivo de trabajadores, la que interesa resaltar es la siguiente: es la categoría ocupacional con mayores niveles de informalidad y que engloba a los trabajadores de, lo que ahora llaman, la 'Economía Popular'. Es decir, trabajadores que practican oficios tradicionales y de muy baja calificación e ingresos.
La EPH contempla indicadores para caracterizar empleo informal en empleados. No los tiene, directamente, para caracterizar a los autónomos (como tampoco para caracterizar a los trabajadores de la Economía Popular). Por esta razón, es clave la combinación de distintos atributos que apunten a caracterizar este colectivo (tipo de asociación productiva, nivel de capitalización, tecnología, tipo de lugar de trabajo, nivel de ingresos, entre otros).





Los últimos datos disponibles (EPH - 2do trimestre de 2017) evidencian que la mitad de los trabajadores autónomos son informales (49.3%). Estamos hablando de 1.2 millones de trabajadores, los cuales están 'fuera del sistema'. El nivel de informalidad de los autónomos es 16 puntos mayor al de los empleados.




Si analizamos los niveles de informalidad de estas dos categorías ocupacionales a lo largo de la serie 2003 - 2017, los empleados comienzan la serie con la mitad de trabajadores informales y los autónomos con 6 de cada 10. Esa diferencia de 10 puntos al inicio (2003) aumenta 50% al final (2017). Lo que nos da la pauta que, si bien la tendencia decreciente es constante en los dos colectivos de trabajadores, la informalidad en los autónomos es más rígida a la baja (otra característica). Incluso, la serie permite ver que el descenso es, leve pero constante, hasta 2008; luego las condiciones tienden a ser las mismas hasta la actualidad. Es decir, la informalidad en autónomos no baja desde hace casi 10 años.



Cada categoría ocupacional se distribuye de manera diferencial en términos de rama de actividad. Tienen morfologías bien definidas. Los trabajadores por cuenta propia tienen un nítido perfil comercial y de servicios. También tienen presencia importante en construcción y producción manufacturera. En síntesis, de este colectivo, un tercio vive del comercio, otro tercio de servicios (sociales y transporte), y entre uno y dos de cada diez, de la construcción y la producción de algún tipo de bien.



La apertura por rama de actividad en términos de informalidad (en las actividades con mayor presencia de autónomos) muestra que construcción es (aún más que en empleados) la actividad con mayor nivel de informalidad. En comercio, manufactura y transporte, la mitad son informales, siendo representativos de la proporción general. El perfil productivo de los autónomos es claro, como también sus constantes niveles de informalidad.


Al analizar la trazabilidad de la informalidad que nos permite la serie de 2003 al 2017, vemos, en general, la rigidez a la baja en todas las actividades. También vemos  movimientos extraños en algunas actividades. Construcción (en amarillo) tiene un comportamiento errático, fluctuando de 100% a 0% en varios trimestres. Servicio doméstico (0,4%) no tiene valores hasta el primer trimestre de 2012 cuando empieza a aparecer. Es decir, hasta esa fecha no se relevaban el servicio doméstico como autónomo. Evidentemente estos movimientos se deben a inconsistencias de registro que tiene la EPH.

Si lo vemos geográficamente, los aglomerados urbanos se reparten entre Comercio y Construcción como las actividades por cuenta propia más informales. Solo en CABA se rompe esta dicotomía, con Servicios Sociales.




Se repite el patrón de la mayor informidad en los aglomerados urbanos del norte; NOA y NEA tienen los mayores valores, tanto en Autónomos como en Empleados. Sin embargo, aparecen por primera vez dos aglomerados patagónicos (Viedma y Neuquén)




Como sabemos, los niveles de informalidad son mayores en autónomos que empleados. Pero es interesante ver en qué lugares del país hay cierta correlación inversa entre el no registro de estas categorías ocupacionales. Por ejemplo, Viedma/Patagones, es un aglomerado con muy bajo nivel de informalidad en empleados (Servicio doméstico) y es el segundo que más trabajo no registrado autónomo tiene (70%, Construcción). Otro caso es Formosa, que está por debajo del total en informalidad en empleados (28%, Servicio doméstico) pero tiene 66% de trabajo informal autónomo (Construcción). Neuquén es otro caso análogo. También están los casos inversos (más atípicos), donde hay bajo (o menor) nivel de informalidad en autónomos que en empleados, como Mar del Plata, Concordia o San Juan.



Síntesis

Si se observa las proporciones de trabajo informal en los empleados (75% de la PEA) y en los autónomos (20% de la PEA), siendo de 33.8% en el primer grupo y de 50% en el segundo, en el mercado de trabajo argentino (de los grandes conglomerados urbanos), 37% de los trabajadores son informales.

Es inevitable rematar estos análisis con la diferencia de ingreso (el principal indicador de desigualdad del mercado de trabajo) de las ocupaciones principales de cada categoría ocupacional, de sus condiciones de trabajo (formalidad/ informalidad) y por género.
Dentro de los empleados, los formales ganan, en promedio 54% más. Esa diferencia a favor de los formales, es de 37% en autónomos.
Los varones empleados formales, ganan 21% más que su equivalente femenino. Pero asciende a 34%, también a favor de los hombres, dentro de los informales .
El varón autónomo formal, gana 35% más que la mujer. Casi idéntico porcentaje (36%) en los informales. Se puede ver que en ese colectivo, la informalidad pesa, para explicar la diferencia de haberes, mucho más que el género.





¿Economía Popular?

El mercado de trabajo tiene fisonomías propias de cada contexto socioeconómico. Que en un país haya un tercio de empleados no registrados y la mitad de autónomos en la misma condición, que existan actividades puntuales con proporciones constantes de informalidad, que las ocupaciones tengan patrones de género bien definidos y que existan zonas claras de la geografía nacional donde la informalidad es históricamente mayor (y en otras, menor), son factores que hablan de una parte del sistema social, su mercado de trabajo.

En sus publicaciones, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), dice que la Economía Popular (EP) se define como "el conjunto de actividades laborales que el pueblo se inventó para sobrevivir afuera del mercado formal". A su vez, aclara que "no está aislada de la economía global de mercado. Los puntos de conexión son múltiples tanto a nivel de la producción como del consumo". Pero su particularidad es que "la economía popular tiene una característica que la distingue: los medios de producción, los medios de trabajo, están en manos de los sectores populares".

No es el objetivo de este post teorizar sobre la EP. Si bien creemos que no es un fenómeno novedoso, lo es erigirse como sujeto político (mas no económico) y presentarse, autodenominarse como trabajadores, excluidos, pero trabajadores; no piqueteros, no planeros, no subsidiados; como trabajadores, con sus derechos a exigir (sindicato, obra social, salario social, etc). Pero, más allá de su formato político, el colectivo al que apela la EP es histórico y muy identitario de economías periféricas como la de nuestro país. Es decir, siempre hubo EP.

Más que la dinámica de la EP, lo que nos interesa es ver quiénes son, dónde están y qué hacen los trabajadores de la EP. Pero, ¿cómo caracterizar esta población si la EPH no registra directamente este colectivo?

Como explicamos al inicio del post, podemos aproximarnos a este colectivo a partir de algunos indicadores de caracterización de trabajadores que releva esta encuesta. Además de su condición de informal, este colectivo puede empezar a caracterizarse mediante las ocupaciones de los autónomos. La relación entre estos atributos indica que la informalidad es una condición necesaria pero no suficiente de los trabajadores que conforman la EP.


Analizando el CNO (Código Nacional de Ocupaciones - 2001) de los Autónomos, el perfil de este colectivo es claro. Un tercio trabaja en actividades de comercio, directo y callejero, 'los vendedores'. Uno de cada cinco trabaja en construcción, 'albañil'. También uno de cada cinco produce bienes manufacturados y en reparación de bienes de consumo. Un 5% trabaja en transporte y un porcentaje similar trabaja en servicios de 'cuidado de personas'.
Pasando en limpio, los autónomos trabajan en comercialización directa (persona a persona, kiosko, despensa, venta en general, etc), son albañiles, en la fabricación de productos (venta indirecta), en la reparación de bienes ('el técnico'), en transporte (remiseros, choferes, motoqueros) y personas que cuidan personas (cuidado de la tercera edad, niños, entro otros).



¿Cómo vincular a las ocupaciones de los trabajadores por cuenta propia con la EP? Si la CTEP define al colectivo de los trabajadores de la EP como 'los excluidos del sistema', una condición debiera ser que, en su totalidad, como dijimos, sean trabajadores autónomos informales. Entonces, al ordenar las ocupaciones por nivel de informalidad, vemos que la inmensa mayoría de la venta callejera y ambulante, la construcción, la reparación de productos, los servicios varios (changas) y la gastronomía, son los ocupaciones con peores condiciones de trabajo.

Entonces, estas ocupaciones (oficios) abren el interrogante de si toda ocupación pauperizada estaría dentro de la EP, o bien qué oficios de la EP son característicos, y por ende, son solo los que poseen la mínima capitalización, tecnología, ingreso y formación. Esa es la gran duda al encarar el tema, develar, recortar de manera nítida a qué actividades laborales nos estamos refriendo al apelar al termino EP.

La CTEP hace su recorte de oficios. Habla de 'oficios tradicionales' dentro de la (su) población de trabajadores autónomos. Estos oficios son, a grandes rasgos, verduleros, panaderos, mecánicos, albañiles, taxistas, vendedores, enfermeros, técnicos, etc. Dentro de este grupo, dicen, están los 'rubros de supervivencia', que son los oficios que serían característicos de la EP, los 'oficios populares'. Y éstos son los campesinos, cartoneros, vendedor ambulante, artesano, feriante, motoquero, obrero de empresa recuperada, trabajadores domésticos y del cuidado, costureros, limpiavidrios, transporte informal, construcción, mejoramiento del hábitat y microemprendimientos.

Si nos basamos en las ocupaciones con mayores niveles de informalidad y que, temáticamente, tengan que ver con el universo laboral de la EP (el comercio, la construcción y servicios sociales varios), probablemente estemos cerca de recortar de manera válida y fiable a este colectivo. Entonces, a estos oficios característicos, le podemos adosar atributos que contribuyan a preformar un estado de situación en torno a los mismos: 
  • el lugar donde se realiza esa tarea (en la calle, domicilio propio o de clientes -no siendo lugares concebidos inicialmente como ámbitos productivos o laborales-
  • si esa unidad productiva que conforma (si fuese el caso), es una asociación convenida de palabra carente de formato legal o jurídico
  • si esa actividad que desarrolla (si fuese el caso), es una actividad productiva familiar
  • si en esa actividad carece de local, vehículo o maquinaria propia
  • si, además de su actividad, su ingreso se complementa con un 'plan'



Si tomamos los primeros 10 oficios más representativos del recorte antes mencionado, y que a su vez, cumplan al menos uno de los indicadores que proponemos para su 'popularización', de la población de autónomos informales, el 84.6% (968.527) pertenecerían al universo de la EP.


La proporción de trabajadores de la EP, dentro de los autónomos informales, es muy alta. Vemos que prevalece el perfil de actividad: comercio, construcción y producción de bienes y servicios. Lo que cambia es el oficio en sí y, claro, las condiciones de trabajo. En la última columna a la derecha de la tabla superior, se puede observar la incidencia, en cada oficio, de los indicadores de caracterización de la EP. Allí también es altísima.




La mitad de este colectivo de trabajadores reside en el Gran Buenos Aires. En la inmensa mayoría de los aglomerados urbanos del país, los oficios mas prevalentes son los asociados a la construcción y a la comercialización directa y callejera.

Este recorte (exploratorio, desde ya), dentro de universo de autónomos informales, de los trabajadores de la EP, nos muestran algunos factores característicos del mercado de trabajo local: los trabajadores autónomos tienen un perfil menos diversificado que los empleados, la mitad no tienen ningún tipo de cobertura previsional ni sanitaria y, de esta mitad, la inmensa mayoría pertenece al colectivo de la Economía Popular. Colectivo, éste, que se caracteriza por oficios de muy baja calificación, tradicionales, y con la peores condiciones de realización.
Como expusimos al principio de esta sección, la EP no es un fenómeno novedoso ¿Por qué los trabajadores de la EP, entonces, resultan un colectivo de especial atención? Básicamente porque lo novedoso es su conformación como actor político que juega en el concierto de los gremios (con la CTEP como eje principal), que presiona (podríamos decir que es el único grupo que obtuvo un acuerdo beneficioso, vía Ley de Emergencia Social - 27.345, con la coalición gobernante), que negocia y que sus demandas, de resultar realizadas, pueden dar lugar a un nuevo actor económico nunca antes conocido, un trabajador autónomo, de oficios poco calificados, pero que posee las garantías de un trabajador (empleado) formal.