Hoy es IVE
El 6 de marzo se presentará en
Diputados, por séptima vez desde 2005, el Proyecto de ley para la Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE), que contempla la despenalización del aborto
realizado de manera voluntaria. Más allá de cierta sorpresa y justificadas
suspicacias por esta intención del Ejecutivo de tratar este tema, es la primera
vez en la historia de nuestro país que existe (existiría) una intención de
darle estado parlamentario al hecho sanitario que se cobra más vida de mujeres
cada año.
Genealogía telúrica del aborto
Hace años que el aborto es un
tema (irreversible) de agenda pública pero no de salud pública. El aborto como
hecho sanitario ha sido impuesto a fuerza de militancia pero fundamentalmente
por estudios y trabajos realizados por el Movimiento de Mujeres. El Estado
estuvo ausente en todo este proceso, salvo en el período del primer kirchnerismo
(con Ginés González García como ministro), donde este tema tuvo un lapso y un
espacio (parcial, luchado) en las políticas de salud pública.
Pocos hechos sociales como el
aborto evidencian la esquizofrenia cultural argentina. Evidencia esa tensión
entre los valores liberales, materializados en estructuras legislativas que
parecen estar en las antípodas de las costumbres de buena parte de la población
y los valores conservadores, religiosos, tan arraigados en ciertos sectores y
zonas del país.
La paradoja central es que
Argentina tiene legalizado el aborto desde principio de la década del 20’ del
siglo pasado. Se contempla la interrupción del embarazo cuando existe riesgo de
vida de la madre o cuando “sea producto
del atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente”
(increíblemente el texto de esta ley no está aggionado). Como parámetro de
modernidad, pensemos que Chile recién en 2017 promulgó la misma ley, casi 100
años después.
No existe noción de ley sin el
concepto de totalidad. Sin embargo, esta ley no se aplica plenamente. Nunca fue
sencillo practicar un aborto bajo las circunstancias que dicta la ley. ¿Qué
impidió durante décadas la realización de abortos terapéuticos (vale insistir,
contemplados por la ley)? La objeción de conciencia. La Objeción de conciencia
es entendida como el incumplimiento de una obligación de naturaleza legal, cuya
realización produciría en el individuo una grave angustia moral. Es decir,
durante mucho tiempo un valor religioso tuvo (tiene) mayor peso que una ley y
que un hecho sanitario.
En 2012 la Corte Suprema (fallo
F.A.L.), ante la judicialización de casos de abortos no punibles, es decir,
ante la imposibilidad de realización de estos procedimientos terapéuticos por
la negativa de las autoridades sanitarias y médicas, dictaminó que si bien la
objeción de conciencia es reconocida, los establecimientos sanitarios tienen la
obligación de disponer de todos los elementos y garantizar la interrupción del
embarazo. Fallo conciliador, que da lugar a lo irracional del valor religioso
pero que obliga a derribar los obstáculos en el proceso de interrupción del
embarazo.
Para completar esta genealogía,
queda comentar dos casos que terminan de describir el panorama y las tensiones
y contradicciones en relación a este hecho social. Si bien Argentina cuenta,
como expusimos, desde 1921 con leyes que contemplan la interrupción del
embrazado por razones ya explicadas, recién en 2002 el Ejecutivo nacional crea
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley Nacional Nº
25.673). Programa hoy, desfinanciado. Luego, en 2007, el saliente ministro de
Salud, Ginés González García (saliente por decisión de la recién asumida
presidenta Cristina Fernández de Kirchner), implementa la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles. Este protocolo (relanzado en 2010 como Protocolo para la atención integral de las
personas con derecho a la interrupción legal del embarazo y actualizado en
2015, recogiendo las recomendaciones de la sentencia F.A.L.) es una guía
técnica destinada a los profesionales de la salud para llevar a cabo abortos
terapéuticos.
¿Cómo es la situación de la
aplicación de este protocolo a años de su implementación? Solo siete provincias
adhieren al protocolo. Otras ocho adhieren de manera restrictiva
(desautorizando el fallo de la Corte). Y las ocho restantes, no adhieren. Otro
síntoma que muestra que la tradición de modernidad liberal en lo jurídico no
guarda analogía alguna con las políticas públicas.
La guerra por el número
Si hay algo de lo cual podemos
estar seguros, es que el aborto, en nuestro país, es un hecho social. Y, además,
es un hecho sanitario, de salud pública. Un hecho social es un suceso
individual que está socialmente mediatizado. En este caso, el aborto es un
hecho individual mediatizado de manera impositiva por distintos factores
sociales, desde la omisión estatal como política pública (sanitaria y
educativa) y la prohibición legal, hasta la privación material de recursos y un
sistema de contención.
El aborto viene estudiándose hace
muchos años en todo el mundo y en nuestro país posee una gran tradición como
objeto de estudio. Como en toda área de la ciencia, el saber es acumulativo. Es
un hecho social que se conoce cada vez más, se conocen sus regularidades,
patrones, características y, principalmente, los factores a los que está
asociado.
Si hacemos un repaso de los
atributos conocidos de este hecho social, debemos reseñar que en los países
donde el aborto voluntario ha sido legalizado, han bajado significativamente su
número. Se podrían dar varios ejemplos de ésto, pero el caso de Rumania sirve por
partida doble. En Rumania se legalizó el aborto voluntario en 1957 y luego fue
ilegalizado en 1966. La prohibición causó un descontrol en el número de
nacimientos, mortalidad infantil, materna y abortos. En 1989 se volvió a
legalizar. Si se analizan por año, en 1990 en Rumania había casi un millón de
abortos, siendo menos de 150 mil a 15 años después de su legalización.
Otro dato a tener en cuenta es
que la religión no es un obstáculo para la legalización del aborto, como se
puede ver en casos como Italia o España, países de gran tradición católica
donde el aborto voluntario está legalizado.
También debemos señalar que el
aborto es la principal causa de muerte en países periféricos. Lo es en
Argentina. Hay un círculo asociativo perverso que tiene que ver con la pobreza,
la mortalidad de mujeres gestantes y los abortos mortales y/o riesgosos. En
Argentina la principal causa de muerte materna, son los abortos. En 2001, una
de cada tres muertes maternas era por abortos realizados de manera insegura.
Ese valor bajó (junto con la pobreza), 15 años después, a menos de uno de cada
5 muertes (17.6%, en 2016).
Lo que se mantuvo estable, es el
aborto como principal causa de muertes maternas (siendo tremendamente elevados
en algunas zonas del país, como algunas provincias de NOA y NEA, con valores
quince veces superior a CABA). Nuevamente el factor presente es la pobreza.
¿Sólo las mujeres pobres abortan? Claramente, no. Pero sí son las que más se
ponen en riesgo, las que se lastiman y las que se mueren. He ahí una
regularidad sanitaria irrefutable.
La mortalidad materna ha detenido
su caída y está estancada hace años (otro hecho social asociado a la pobreza).
No parece un escenario lógico tener la intención política de bajar la
mortalidad materna (hoy -2015, último dato publicado por la DEIS- la TMM es de
3,4 cada 10000 nacimientos, muy lejos del 1,3,
meta que asumió el Estado Argentino en la OMS para el 2020) y mantener
el aborto en la ilegalidad (es decir, sin definirlo oficialmente como un asunto
de salud pública).
Otro dato importante (en un país
con muy poca tradición de registro y estadísticas oficiales, con un valor
superlativo para este caso) son los egresos hospitalarios del sector público
por abortos practicados. En estos datos también se observan movimientos
relacionados a los indicadores de mortalidad. Según datos de la DEIS, en la
década del 90 había, números redondos, 55 mil egresos hospitalarios de mujeres por
complicaciones por abortos autoinducidos. Esa cifra asciende a casi 80 mil en
el año 2000 (plena crisis social) para bajar a 70 mil en 2005 y volver a los
valores del 90 (53 mil) en 2010. Nuevamente vemos la relación entre mortalidad
materna, pobreza y abortos.
Estos datos son parciales, dado
que sólo son egresos de complicaciones por aborto del sector público (no están
los datos del sector de la salud privada). Justamente en esa relación (abortos
realizados constatados / abortos totales realizados –en un lapso y lugar determinado),
está el núcleo de la metodología de los métodos para la estimación de abortos
totales. La complejidad del fenómeno a investigar determina un refinamiento de
métodos de captación y metodologías de estimación de cantidades.
Como expusimos al inicio, el
estudio del aborto tiene décadas de desarrollo a nivel mundial, y el número
real (estimado) de abortos en Argentina, es el centro de la puja argumentativa
(más allá de los galimatías religiosas). Según estudios oficiales, en Argentina
se realizan entre 486 mil y 520 mil abortos por año (estimación del año 2005).
¿Cómo se llegó a ese número?
Al ser un fenómeno no
directamente (o parcialmente) observable, la magnitud del aborto se estima. La
estimación, es decir la predicción de un valor que no se puede contrastar
empíricamente, es un procedimiento usual en otras disciplinas (en economía el
consumo se estima, el nivel de precios se estima, las proporciones de distintas
variables se estiman, etc.). La metodología para la estimación de abortos
inducidos, se configura con la combinación de fuentes de datos oficiales y, esencialmente,
con las características del contexto donde se investiga.
Los primeros datos sobre aborto
en Argentina son de 1969 y sólo para la provincia de Buenos Aires
(investigación de la CELADE). Mediante una encuesta, lo que se buscaba era
conocer las características del fenómeno y de las personas que lo practicaron.
Si bien no se estimó una cantidad, sí fue un gran paso para otorgarle su
característica contextual, hasta entonces, no desconocida. Por ejemplo, se pudo
constatar la relación entre los abortos y los niveles de instrucción y las
características socioeconómicas. Luego, en la década del 90’, existieron otras
investigaciones parciales.
El primer dato de cantidad de
abortos estimados para toda la Argentina es la de Aller Atucha y Pailles
(1997), que calculan la cantidad de abortos para el año 1991. La explicación de
ese número, dicen los autores “relaciona
la cantidad de nacidos vivos y la población femenina en edad fértil de ese
mismo período para calcular la razón de aborto (555 por cada 1.000 nacidos
vivos) y la tasa de aborto (50 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil)”.
El número final es de 385.931 abortos para ese período.
En el año 2005, investigación
encargada por el Ministerio de Salud de la Nación (ergo, datos oficiales), las
demógrafas Mario y Pantelides, llegan al número que actualmente se maneja de
abortos en Argentina. El método utilizado para la estimación, fue el método
residual.
El método residual (Johnston y
Hill - 1996), basa sus cálculos en relación a factores sociales, culturales y
biológicos que impactan en la fecundidad de una sociedad. El método analiza la
fecundidad real y la teórica, datos sobre el uso de métodos anticonceptivos,
cantidad de abortos registrados y el índice de fecundidad posparto. A partir de
estos datos (DEIS, y ENNyS, en Argentina), este método logra el número de
abortos voluntarios final, de la relación entre los nacimientos teóricos
esperados y los nacimientos reales en un determinado contexto.
El supuesto es que esos datos
registrados son un subgrupo de la totalidad de abortos reales. Ese número real se
estima calculando un ponderador. Es decir, cuántos abortos “ocultos” hay por
cada registrado (egreso hospitalario). El número de abortos anuales estimados
por este método para 2005, se ubica entre 486 mil y 520 mil abortos por año, y
la razón indicaría que se realizan 0,68 abortos por cada nacido vivo. Cabe destacar que el
multiplicador es más del doble para mujeres pobres que para las no pobres. El
número final es una combinación entre ambas poblaciones.
No existen otras investigaciones
que puedan arrojar un número para contrastar éste. Tampoco propuestas
alternativas o metodológicamente serias, solo especulaciones.
La guerra por el número de
abortos en Argentina busca desacreditar la veracidad del mismo, desconociendo la
metodología que lo sustenta. Es uno de los pocos argumentos que tienen los
grupos conservadores para evitar posicionarlo como problema de salud pública.
La lucha es por la definición, es decir, por el sentido. Pasar del “homicidio”
al hecho sanitario.
Aprovechando que estamos ante la
oportunidad de debatir el aborto en el ámbito legislativo, sería interesante
virar el peso argumentativo hacia los datos y la noción de hecho sanitario. Si
bien el reclamo por el derecho de las mujeres a tener autodeterminación sobre
su cuerpo es un derecho fundamental y legítimo, el peso como asunto de salud
pública podría traccionar de manera más eficiente una resolución favorable en
el Congreso.
Los datos están, son sólidos y
categóricos. Si se logra imponer al aborto como hecho sanitario, en su
significado y realidad, el Estado debe, necesariamente, asumirlo como tal y
disponer de una política pública al respecto de manera inmediata. El Estado no
puede desconocer un hecho sanitario que atenta contra la salud de gran parte de
la población.
Hoy el estado parlamentario
supone pragmatismo. En ese ámbito, ¿es útil discutir con un católico sobre la
entidad humana del cigoto o es una estrategia más conducente mostrar los datos
que existen sobre el aborto, sus causas y consecuencias? ¿Vale más hoy gritar
“saquen sus rosarios de nuestros ovarios” o explicar que el aborto existe, es
un hecho social, se cobra vidas y se debe normativizar y legalizar su
interrupción voluntaria?
Incluso, en esa guerra ideológica
de significado y de sentido, hay que dejar de hablar de aborto para pasar a
hablar de la IVE, porque la voluntad de interrumpir un embarazo no deseado es
un derecho individual pero también, y fundamentalmente, es un hecho sanitario
que debe ser seguro, legal, gratuito y garantizado por parte del Estado
argentino.
